INAP presente en la presentación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Esta mañana, el director institucional del INAP, Leandro Bottinelli, participó en Casa Rosada de la presentación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La ministras de Desarrollo Social y de Mujeres, Géneros y Diversidad, el jefe de Gabinete de ministros y el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia lanzaron la preinscripción al curso Crecer con Derechos.
Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social de la Nación; Leandro Bottinelli, director institucional del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP, en representación de la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Dra. Ana Castellani); Gabriel Lerner, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia; Ayelén Mazzina, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y el jefe de gabinete de ministros de la Nación, Agustín Rossi -en ese orden- se pronunciaron hoy en torno del Plan Federal de Capacitación en Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes “Crecer con Derechos”, creado a partir de la Ley 27.709.
La ley -reglamentada ayer- establece la formación continua, permanente y obligatoria para las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional. Publicada el lunes en el Boletín Oficial mediante el decreto 360/2023, indica que la Secretaría de Niñez, Adolescente y Familia (Senaf) del Ministerio de Desarrollo Social como Autoridad de Aplicación está facultada para celebrar los acuerdos o convenios necesarios con cada espacio corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
El texto consta de ocho artículos: la prevención y detección temprana de situaciones de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a través de la capacitación, la actuación coordinada y la difusión de los indicadores de violencia y medios de denuncia eficaces parala protección; la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación con sanciones por incumplimiento; el establecimiento de contenidos mínimos establecidos por los organismos en los que las personas desempeñan sus funciones que incluyan, entre otras cuestiones pautas de alarma de las distintas formas de violencias, el deber de comunicar y el derecho a la protección de identidad del denunciante, protocolos y procedimientos de intervención conjunta de instituciones y normativa de protección de los Derechos de niños, niñas y adolescentes; campañas de concientización semestrales a cargo del PEN con información clara y precisa para denunciar situaciones de vulneración de derechos y reconocer indicadores sobre posibles hechos de violencia contra niños, niñas y adolescentes; protocolo de actuación conjunta entre el PEN y el Poder Judicial de la Nación para la operatoria de las fuerzas de seguridad, instituciones educativas y de salud y demás organismos con criterios unificados, accesibles y apropiados para garantizar; línea telefónica gratuita de protección (Línea 102) en cada una de las jurisdicciones de la República Argentina para denuncias y situaciones de emergencia; deber de comunicar de todos los miembros de los establecimientos educativos y de salud la vulneración de derechos ante la autoridad administrativa de protección bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad y falta grave por omisión y reserva de identidad de la persona denunciante; y finalmente, el deber del funcionario de recibir denuncias aunque estas no constituyan delitos y tramitarlas en forma gratuita, sin exigir requisitos formales ni patrocinio letrado.
La denominada Ley Lucio fue sancionada el 13 de abril de este año por el Congreso Nacional y surgió tras el asesinato de Lucio Dupuy, un niño de cinco años, en noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, hecho por el que fueron juzgadas y condenadas a cadena perpetua su madre y la pareja de ésta.
El INAP ya abrió la preinscripción al curso virtual autogestionado correspondiente como primera propuesta para quienes se desempeñen en la función pública, centrado en la prevención, detección e intervención ante episodios de violencia contra niñas, niños y adolescentes.
El curso (que recoge los principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño de Asamblea General de las Naciones Unidas e incorporada a la Constitución Nacional por el artículo 75, inciso 22 y las disposiciones de la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes) brinda contenidos y herramientas iniciales desarrolladas de manera conjunta entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, UNICEF y la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).
Entre sus contenidos se encuentran conceptualizaciones como familias, crianza y disciplinamiento; expresión y prevención de las diferentes formas de violencias hacia las niñas, niños y adolescentes; marcos normativos y de intervención, entre otros.
La nueva capacitación se suma a las políticas públicas en las que la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación centra sus líneas de capacitación, que ya alcanzaron a alrededor de 300.000 personas en el caso de Ley Micaela y unas 50.000 en el caso de la Ley Yolanda. Tiene duración de cuatro semanas, la preinscripción está abierta a través del portal del INAP y la primera cohorte comenzará la cursada el 7 de agosto. Se han planificado cinco cohortes entre el mes de agosto y diciembre 2023 y se cursa desde el campus virtual de SENAF.
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