El objetivo de la reunión fue trabajar en forma conjunta en relación con la aplicación de la mencionada ley, que regula el Sistema de Prevención y sanción del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Durante el encuentro se recordó que la normativa se elaboró en concordancia con los estándares internacionales, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente vigentes, y conforme las Recomendaciones emitidas por el GAFI.

Además, se subrayó que las obligaciones que los nuevos sujetos obligados deben cumplir se vinculan a actividades específicas y en ningún caso se relacionan con la defensa legal, sino precisamente con aquellas que se desempeñan fuera de ese perfil profesional, en tareas vinculadas al asesoramiento financiero. Por tal motivo, no todos los abogados, colegiados y matriculados deberán registrarse ante la UIF como Sujetos Obligados y cumplir con todas las obligaciones derivadas de la Resolución UIF 48/2024. Sólo deberán hacerlo aquellos que realicen las actividades específicas designadas normativamente.

Cabe señalar que la Resolución UIF 48/2024 tampoco los obliga a reportar transacciones sospechosas si la información relevante se obtuvo en circunstancias protegidas por el secreto profesional.

En la reunión se acordaron también acciones para la realización de convenios de capacitación coordinados con la UIF y GAFILAT, de modo de lograr la correcta interpretación de la regulación a fin de contribuir al Sistema de Prevención de LA/FT/FP de manera efectiva.

Participaron de la reunión por la UIF el jefe de gabinete, Javier Fernández, el director de Litigios Penales, Mariano Ezeyza y la directora de Coordinación de Agencias Regionales, Delfina Cabral y Vedia. En representación del Colegio de Abogados de Rosario asistieron la vicepresidenta, Dra. Valeria Argüello y el director de la institución, Dr. Jorge Resegue. Por el Instituto de Derecho Penal Económico, estuvo presente su presidente, Dr. Lisandro Martínez Gorostiaga.