El Código Penal de la Nación fue sancionado en 1921. Desde entonces ha sido objeto de más de 900 reformas parciales que afectaron seriamente su coherencia y la proporcionalidad de las penas.

​El Presidente de la Nación constituyó mediante el Decreto 103/17 la Comisión de Reforma del Código Penal, con el fin de alcanzar una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal y reunirla en un único cuerpo legal ágil, moderno, posible y sistemático. La Comisión puso especial cuidado en lograr la efectiva aplicación de la Ley Penal y en proporcionar herramientas eficaces para combatir todas las modalidades delictivas.

Para cumplir su objetivo la Comisión realizó más de un centenar de encuentros en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y también en las provincias de Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Buenos Aires, Tierra del Fuego, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respetando el carácter federal de la norma. También mantuvo reuniones con expertos en diversos temas y tomó en cuenta el trabajo realizado por las 17 anteriores comisiones de reforma del Código Penal. La Comisión recibió y valoró la opinión de organizaciones no gubernamentales y asociaciones que nuclean a las víctimas o familiares de víctimas de hechos delictivos y recibió sugerencias de la sociedad a través de la plataforma digital Justicia 2020.

La Comisión estuvo compuesta por el juez federal de Casación, Mariano Borinsky (presidente); el juez del Tribunal Oral en lo Criminal N°6, Guillermo Yacobucci (vicepresidente); el director Nacional de Política Criminal, Carlos González Guerra (secretario); el fiscal de la Procuración General de la Nación, Pablo Turano (secretario adjunto); el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; la jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal N°26 de CABA, Patricia Llerena; el juez de Cámara Criminal y Correccional de Córdoba, Víctor Vélez; la secretaria letrada de la Corte Suprema de la Nación, Patricia Ziffer; el subsecretario de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, Guillermo Soares Gache; la asesora general tutelar del Ministerio Público Tutelar de CABA, Yael Bendel; y el profesor de la Universidad de Buenos Aires, Fernando Córdoba.

​En la elaboración del anteproyecto de reforma del Código Penal, la Comisión tomó en consideración los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y los avances en materia de integración regional en el país. También se armonizó la legislación en sus aspectos fundamentales para promover y facilitar la cooperación entre los estados y la implementación de estrategias coordinadas, elementos de máxima importancia ante ciertas modalidades delictivas, como el crimen transnacional organizado. Se adecuó la normativa penal nacional a los compromisos asumidos en el plano internacional, en particular en lo atinente a la vigencia de la protección de los derechos humanos y para la eficaz persecución del terrorismo y su financiamiento, del narcotráfico y la corrupción.

Durante las sucesivas etapas de elaboración del anteproyecto, la Comisión tuvo como objetivo lograr una propuesta normativa consensuada y surgida de las distintas posturas antagónicas, que refleje un punto común satisfactorio que tenga en consideración todos los puntos de vista.