El Estado Nacional –por su dimensión y capacidad recaudatoria– tradicionalmente llevó adelante obras de envergadura, que eran muy costosas para los Estados Provinciales y no rentables para el sector privado. Así se desarrollaron inicialmente las comunicaciones, grandes obras de infraestructura, producción y distribución de energía, entre otros servicios públicos.

A fines de la década de 1980 en Argentina, al igual que en otros países (especialmente latinoamericanos), se inició un proceso de reformas que se aceleró en 1989 con la sanción de la Ley de Reforma del Estado (N° 23.696) y la Ley de Emergencia Económica (N° 23.697). A través de estas normas se redefinió el rol del Estado, dejando su papel de empresario al frente de los servicios públicos, y asumiendo la posición de diseñador de políticas públicas, regulador de los servicios y controlador del cumplimiento de las regulaciones.